El presidente electo Donald Trump ha anunciado su intención de implementar una operación de deportación masiva una vez que asuma nuevamente el cargo el 20 de enero. Este plan, que busca deportar a millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal o con protecciones temporales, plantea serios desafíos logísticos, sociales y económicos. Además, amenaza con dividir familias y generar impactos significativos en sectores clave de la economía. Este artículo explora qué grupos de inmigrantes podrían ser los más afectados y las posibles consecuencias de estas políticas.

Dónde viven los inmigrantes sin estatus legal

En 2022, se estimó que aproximadamente 11 millones de personas vivían en Estados Unidos sin estatus legal. Este número podría haber aumentado a entre 13 y 14 millones en 2024, según algunos analistas. La mayoría de estos inmigrantes reside en estados como California, Texas, Florida y Nueva York. California encabeza la lista con 2.2 millones de inmigrantes sin estatus, seguido de Texas con 1.8 millones y Florida con 936,000.

Casi la mitad de estos inmigrantes vive en “estados santuario” como California y Nueva York, que tienen leyes o políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Sin embargo, muchos también residen en ciudades o condados santuarios dentro de estados que no tienen leyes a nivel estatal, como Nuevo México. Estas áreas podrían ser puntos de tensión importantes en la implementación de los planes de Trump.

Principales países de origen

Casi la mitad de los inmigrantes sin estatus legal provienen de México, con 4.8 millones de personas en 2022, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Otros países destacados incluyen Guatemala (750,000), El Salvador (710,000) y Honduras (560,000). Además, el último año ha visto un incremento significativo de inmigrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes han llegado a través de programas humanitarios implementados durante la administración Biden.

Trump ha indicado que planea terminar con estos programas humanitarios, lo que podría dejar a millones de personas en una situación de vulnerabilidad inmediata.

Impacto en los trabajadores y la economía

La mayoría de los inmigrantes sin estatus legal están en edad de trabajar, con 8.7 millones de ellos entre los 18 y 54 años. Muchos ocupan roles esenciales en sectores como la agricultura, la construcción, la hospitalidad y el cuidado de personas. En el sector agrícola, se estima que alrededor de 283,000 trabajadores carecían de estatus legal en 2022, con aproximadamente la mitad de ellos en California. Algunas estimaciones gubernamentales colocan el número total de trabajadores agrícolas sin estatus legal más cerca del millón.

Las organizaciones agrícolas han advertido que las deportaciones masivas podrían desestabilizar la cadena de suministro de alimentos en Estados Unidos. La pérdida de trabajadores esenciales no solo afectaría la economía, sino que también podría aumentar los precios de los alimentos y provocar escasez.

Familias de estatus mixto

Un aspecto particularmente sensible de estas políticas es el impacto en las familias de estatus mixto, donde al menos un miembro carece de estatus legal. Según FWD.us, una organización de defensa de los inmigrantes, hasta 10.1 millones de personas sin estatus legal viven con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Entre ellos, al menos 5.1 millones son niños ciudadanos estadounidenses con al menos un padre sin estatus legal.

Las deportaciones masivas podrían separar a estas familias, obligando a muchos niños a enfrentar la posibilidad de crecer sin uno o ambos padres. Alternativamente, las familias podrían optar por migrar juntas al país de origen del padre deportado, lo que cambiaría drásticamente sus vidas.

Protecciones temporales en riesgo

Entre los inmigrantes sin estatus legal también se encuentran más de un millón de personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y aproximadamente 535,000 “Dreamers” amparados bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El TPS ofrece alivio contra la deportación y permisos de trabajo a individuos cuyos países de origen han sido considerados inseguros debido a conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Durante su primer mandato, Trump intentó terminar con la mayoría de los programas TPS y DACA, pero enfrentó una serie de demandas judiciales que bloquearon estos esfuerzos. Sin embargo, ha indicado que planea intentar nuevamente acabar con estas protecciones, poniendo en peligro a cientos de miles de personas.

Implicaciones legales y sociales

Los planes de deportación masiva de Trump también enfrentarán una serie de desafíos legales. Las áreas con leyes santuario podrían resistir las iniciativas federales, negándose a cooperar con las autoridades de inmigración. Además, las cortes probablemente desempeñarán un papel crucial al abordar las inevitables demandas que surgirán.

Socialmente, estas políticas podrían exacerbar las divisiones dentro de las comunidades locales, alimentando el miedo y la desconfianza entre los inmigrantes. También podrían generar protestas masivas y movilizar a grupos de derechos humanos en defensa de los inmigrantes.

Aspectos clave a considerar

Los planes de deportación masiva propuestos por Trump tienen el potencial de cambiar profundamente la demografía, la economía y el tejido social de Estados Unidos. Si bien el objetivo declarado es hacer cumplir las leyes de inmigración, las consecuencias no deseadas podrían ser devastadoras para millones de familias, sectores económicos clave y comunidades enteras. En un momento de tanta incertidumbre, es fundamental que las personas afectadas busquen información y apoyo legal para proteger sus derechos y planificar para el futuro.