Con un estimado de 11 millones de migrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos, la idea de implementar deportaciones masivas plantea serios retos logísticos, legales y sociales. A pesar de las promesas de deportaciones a gran escala, los datos del Departamento de Seguridad Nacional y el Pew Research Center muestran que este grupo de personas ha permanecido en niveles estables desde 2005, y la mayoría son residentes de larga duración. Cerca de cuatro de cada cinco de estos migrantes llevan al menos una década en el país, formando comunidades, contribuyendo a la economía y estableciendo raíces en Estados Unidos.

Derechos y el debido proceso

A diferencia de lo que muchos creen, los migrantes indocumentados no pueden ser deportados de inmediato; están protegidos por el derecho al debido proceso. Esto significa que, antes de ser deportados, deben tener una audiencia judicial. Ante cualquier iniciativa de deportación masiva, el sistema de tribunales de inmigración, ya sobrecargado y con retrasos significativos, tendría que expandirse drásticamente para hacer frente al número de casos. Actualmente, el sistema lleva años acumulando casos, y cada nuevo caso agregado implica una espera prolongada antes de una resolución final.

La complejidad de las deportaciones

El proceso de deportación es largo y complicado, con varios pasos que requieren tiempo y recursos. Primero, los detenidos deben ser identificados y arrestados, una tarea que a menudo comienza no con los agentes de ICE, sino con la policía local.

Sin embargo, en muchas ciudades, existen leyes que limitan la cooperación entre las agencias policiales locales y el ICE, lo que dificulta que ICE acceda a las personas bajo custodia.

Además, no basta con detener a un migrante indocumentado. Una vez detenido, el migrante debe permanecer en un centro de detención o en un programa alternativo mientras espera su audiencia con un juez de inmigración. Estos centros de detención tienen capacidad limitada, y muchos ya operan al máximo de su capacidad.

Implicaciones legales y diplomáticas

Un programa de deportación masiva también generaría implicaciones legales. Las organizaciones de derechos humanos ya han anticipado que tales medidas podrían dar lugar a múltiples demandas, cuestionando la legalidad y el respeto a los derechos de los inmigrantes. Además, los países de destino deben cooperar para recibir a los deportados, lo que añade una capa diplomática al proceso. Sin la cooperación del país recipiente, la deportación se vuelve aún más complicada.

Recursos de ICE y el reto de la implementación

Con aproximadamente 20,000 agentes de ICE y personal de apoyo, se plantea una cuestión clave: ¿será suficiente esta fuerza para buscar, encontrar y procesar a millones de personas? En un escenario de deportación masiva, sería necesario asignar más recursos, entrenar a nuevos agentes y expandir la capacidad de los centros de detención. Sin estas ampliaciones, el esfuerzo sería insostenible.

Daños a la economía

Un nuevo informe del American Immigration Council, una firma de investigación y política sobre derechos de inmigración, estima que deportar incluso a un millón de inmigrantes indocumentados al año costaría más de $88 mil millones de dólares anuales, para un total de $967.9 mil millones en más de diez años.

El informe reconoce que existen variables de costo significativas según cómo se llevaría a cabo una operación de este tipo y afirma que su estimación no tiene en cuenta la pérdida de ingresos fiscales de los trabajadores ni la pérdida económica mayor si las personas optaran por auto deportarse y las empresas estadounidenses perdieran mano de obra.

El informe estima que un esfuerzo único para deportar a aún más personas en un solo año podría costar alrededor de $315 mil millones, incluidos aproximadamente $167 mil millones para detener a inmigrantes en masa.

Según el grupo, los dos costos más grandes serían contratar personal adicional para llevar a cabo redadas de deportación y construir y operar centros de detención masiva. “No habría forma de llevar a cabo esta misión sin la detención masiva como paso intermedio”, señala el informe. Funcionarios de la campaña de Trump coinciden en que uno de los mayores desafíos logísticos en cualquier esfuerzo de deportación masiva sería construir y operar nuevos centros de detención como solución temporal.

Stephen Miller, asesor principal de Trump, ha afirmado en repetidas ocasiones que, si Trump gana la presidencia, su equipo planea construir instalaciones para albergar entre 50,000 y 70,000 personas. En comparación, la población total en prisiones y cárceles de EE. UU. en 2022, incluyendo personas en prisiones locales, de condado, estatales y federales, actualmente asciende a 1.9 millones de personas.

¿Qué podemos hacer?

La implementación de un programa de deportación masiva es un desafío que requiere de una inversión considerable en recursos, tiempo y cooperación entre distintas entidades locales, federales e internacionales.

La complejidad del proceso y el largo tiempo que toma cada caso resaltan que la realidad de la deportación masiva no es tan sencilla como se presenta en el discurso.

Sin embargo, en este escenario es fundamental contar con el apoyo de un abogado de inmigración. En Eagan Immigration ofrecemos evaluaciones gratuitas para determinar cuál es el mejor camino para seguir en su caso específico.

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